
Fundamentos
Energía limpia: qué es, tipos y beneficios para el planeta

Ferran Morillas
16 de marzo de 2025
Una de las leyes más polémicas que han existido en nuestro país es la del llamado “impuesto al sol”, que se aprobó en el año 2015 y que permaneció en vigor hasta 2018. Consistía en una tasa que debía pagarse por el autoconsumo de energía, es decir, por el simple hecho de estar conectados a la red eléctrica. Un recargo que terminó por desincentivar la instalación de placas fotovoltaicas entre particulares.
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El RD 900/2015 regulaba las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las instalaciones de autoconsumo eléctrico. Para imponer esta tasase argumentó que, al estar conectadas a la red eléctrica, estas instalaciones también recurrían a ella cuando la producción de energía solar no era suficiente. Por ejemplo, por la noche o en días nublados o lluviosos.
Este impuesto debían pagarlo todos aquellos consumidores que tuvieran una instalación fotovoltaica destinada al autoconsumo, salvo en instalaciones con potencias inferiores a 10 kW o aisladas de la red eléctrica, y consumidores de Ceuta, Melilla y las Islas Canarias. Se cobraba a través de la factura de la luz, junto con el total del importe emitido por la empresa comercializadora. Dentro de ella encontrábamos dos conceptos distintos:
El impuesto al sol fue eliminado en el año 2018, suprimiendo así la principal traba que impedía el desarrollo del aprovechamiento de la energía solar, generada por paneles fotovoltaicos, y que desmotivaba el autoconsumo.
Pero además, la derogación vino acompañada de otras medidas que tenían por objetivo reimpulsar la energía renovable, como que los excedentes fueran compensados, que se eliminaran las trabas administrativas u que se incentivara el autoconsumo en empresas y comunidades de propietarios.
La supresión del impuesto al sol trajo consigo una serie de ventajas, la mayoría de ellas relacionadas con el ahorro y la amortización de la inversión realizada al hacer la instalación. Algunas de las más destacadas fueron las siguientes:
Como la mayor parte de las instalaciones estaban por encima de los 10 kW, el uso de este sistema se encarecía.
Los consumidores domésticos más grandes percibieron una rebaja muy significativa de sus facturas de electricidad, lo que les permitió continuar con el proceso de producir energía limpia.
Gracias a la derogación, los objetivos se volvieron más realistas. Y es que el impuesto había paralizado numerosas iniciativas por el encarecimiento de los costes.
En algunos casos incluso varios años de diferencia. Gracias a la eliminación del mismo, el plazo se redujo considerablemente.